La Bahía de Taganga, corregimiento contiguo a Santa Marta, está amenazada desde hace más de una década, pero el monstruo se acerca. El poderosísimo (y sospechoso) grupo económico Daabon (familias Dávila y Abondano) pretende construir un puerto privado multipropósito a nombre de la Sociedad Portuaria Las Américas, propiedad del grupo.
Daabon, que en un principio pidió permiso en 2005 para un atracadero, ha ido ampliando sus planes y ahora pretende construir un muelle de 75 metros de largo y 24 de ancho, con dos brazos de carga y un tanque para recolectar derrames, tuberías para cargar buques y una pasarela para peatones.
El muelle va a estar ubicado entre el recolector de aguas servidas y el de aguas pluviales, y “podrá utilizarse para la carga y descarga de aceites vegetales y sus derivados; también biocombustible, aceites refinados, hidrocarburos (petróleo, lubricantes, diesel, nafta) y químicos como metanol y soda cáustica. Además del aceite de palma, la empresa dice que, como máximo, ‘sueña’ con exportar biocombustible, pero la licencia le concede permisos más amplios”, explicaba en un reportaje la revista CeroSetenta de Uniandes.
El momento de la construcción se acerca y la comunidad está muy preocupada. Este lunes 23 de agosto, Isabel Zuleta ha caminado la bahía con Lilibeth Cantillo, lideresa local que forma parte de la Veeduría Ciudadana Taganga Despierta, y ha conocido de primera mano las preocupaciones de las comunidades organizadas. Isa Zuleta ha expresado su apoyo a la Veeduría en la defensa “de una bahía que es territorio sagrado”. “Duele mucho ver lo que hacen el territorio contra la vida”, explicaba y llamaba a una unión de todos los defensores y defensoras de la naturaleza en el país.
Contaminación, tráfico de buques, descarga y carga de productos peligrosos… Las preocupaciones son muchas para una bahía hermosa, que vive de la pesca y el turismo, y que se encuentra a menos de dos kilómetros del Parque Tayrona. Todo está en riesgo por los intereses de un grupo empresarial con varios de sus miembros, como denuncia el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), “involucrados en escándalos nacionales como los que tuvieron lugar con el programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Además, se les acusa por presuntamente haberse apropiado de tierras despojadas en lugares como El Peñón, sur de Bolívar, en donde se han implementado cultivos de palma de aceite, lo que les ha valido boicot internacionales, como el sucedido con la firma Bodyshop de Reino Unido, que adquiere sus productos. Gran parte de sus actividades se relacionan con el sector agroindustrial: banano de exportación y palma de aceite, de mucho peso en el departamento”.
