Por. Movimiento por el Agua y la Vida
Las últimas proyecciones globales indican que para 2028 tan sólo en Europa el cannabis generará ingresos por más de 120 mil millones de euros, lo que equivale al 50% de nuestro producto interno bruto anual aproximadamente. Las proyecciones indican que tan sólo entre 2018 y 2023 el crecimiento de la industria legal del cannabis en los Estados Unidos será del 200%.
Una industria en plena expansión con infinitas posibilidades que, no obstante, sufre todavía el señalamiento feroz de buena parte del establecimiento, que sigue anclado en la lógica instaurada desde que el presidente norteamericano Richard Nixon le declarara una distópica e irracional guerra a las drogas en su famoso discurso del 18 de junio de 1971.
“El enemigo público número uno de los Estados Unidos es el abuso de las drogas” decía el gobernante norteamericano rodeado de asesores jovencísimos y bien afeitados. Dijo que había dado instrucciones al Congreso para que destinara fondos y legislaciones especiales para “la ofensiva” que permitiera “luchar y derrotar este enemigo”.
El saldo de esta guerra en Colombia han sido millones de hectáreas rociadas con venenos cancerígenos, ruina, persecuciones, desplazamientos masivos e incremento de la violencia rural, y una crisis social en las calles de ciudades y pueblos donde se persigue y criminaliza a los consumidores mientras el negocio ilegal sigue intacto.
Es por esto que desde los movimientos en pro de la legalización y regularización se denuncian “procesos infames de estigmatización y criminalización que han afectado los derechos y libertades individuales”. Porque el asunto de fondo es simple: ¿tienen las personas el derecho a decidir sobre sus cuerpos y las sustancias que quieren consumir?
Mientras el mundo avanza en marcos jurídicos para la regularización y legalización del cannabis y sus derivados, el panorama colombiano sigue enfrascado en debates estériles y cargados de moralismos, más alineados con aquel discurso de Richard Nixon en 1971 que con la realidad que ha demostrado los enormes beneficios de la legalización.
Desde el Movimiento por el Agua y la Vida hemos impulsado acuerdos programáticos para que este sea un eje central de la discusión en la próxima legislatura, impulsando el potencial del cannabis desde una mirada comunitaria y cooperativa.
El gobierno habla de 50.000 títulos de tierra para el cultivo del cannabis que no representan mayor cosa en un mercado con gran expansión. “La libertad de nuestro pueblo a decidir sobre el consumo natural de esta planta no puede coartarse con las falacias y argumentos tramposos de una supuesta lucha contra el narcotráfico” han declarado los integrantes de los colectivos canábicos y en pro de la legalización. Falacias que cuestan vidas y atraso a nuestra nación.
