El asesinato de defensoras y defensores de la tierra no cesa y detrás de este delito feroz se esconde una estrategia brutal de desposesión, reforma agraria armada y un ciclo de negocios que se basa en la sangre de los otros.
Colombia lidera este ranking y lo hace con mucha distancia. Con 69 asesinatos registrados por Global Witness, Colombia acumula más del doble de casos que los países que le siguen: México (30), Filipinas (29) o Brasil (20). “Algo que ha pasado y que dice mucho es que durante la pandemia paró todo en Colombia, pero no los asesinatos de defensoras y defensores. Todos los temas relacionados con la explotación minero energética, las obras de infraestructura o la sustitución de cultivos, por lo menos en Colombia, no pararon. Los ataques en contra de los defensores no bajaron porque la agresividad de las amenazas no disminuyó durante la pandemia”, explica Isabel Cristina Zuleta, una de las lideresas del Movimiento por el Agua y la Vida que sabe lo que es vivir con la amenaza rondando y con esquemas de seguridad siempre precarios.
Zuleta llama la atención sobre cómo en Colombia el mayor número de asesinatos se produce en población rural, más del 50% en zona campesina por defensa de la tierra. “Los casos relacionados de sustitución de cultivos para uso ilícito son solo en Colombia (17 casos), pero llama la atención que en Colombia la principal razón sigue siendo los temas relacionados con la tierra, la disputa histórica por la tierra. Y eso dice mucho en el marco de los procesos de paz, de la reforma agraria nunca realizada, de la reforma agraria por vía armada y militar, de la reforma de la mano de los megaproyectos”.
Global Witness, en su informe sobre el año 2020, el peor de la historia desde que hay registros, destaca sobre Colombia que “los pueblos indígenas se vieron particularmente afectados y la pandemia de COVID solo sirvió para empeorar la situación. El confinamiento oficial llevó a que las y los defensores fueran atacados en sus hogares y a que se redujeran las medidas de protección del gobierno”. Y la organización internacional apunta dos elementos clave. Uno, la responsabilidad directa de las empresas; dos, la connivencia o la omisión de los estados. De hecho, también demuestra como “en las sociedades más abiertas y tolerantes [con la protesta] se registran muy pocos ataques, mientras que en las sociedades reprimidas, los ataques son mucho más frecuentes”. Colombia no es un ejemplo de apertura en este sentido y de ahí que el 29,5% del total de defensoras y defensoras de la tierra y del ambiente asesinados en el planeta lo hayan sido en Colombia.
Otro elemento a tener en cuenta es que “el 70% estaba trabajando para defender los bosques del mundo de la deforestación y del desarrollo industrial”. Isabel Cristina Zuleta advierte de la relación directa entre el ataque a los bosques y el resto de megaproyectos. “La tala del bosque es la avanzada de muchos temas. Es una constante: la tala del bosque no es sólo un megaproyecto maderero, sino que justo antes de que lleguen otros megaproyectos (hidroeléctricas, carreteras, agroindustria, etc…) se produce primero la tala del bosque. La segunda causa es agua y represas, por lo que los defensores de los ríos son casos de alto riesgo”.
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Empresas más agresivas que nunca, un Estado indolente –en el mejor de los casos- y cómplice –en el habitual- y un ciclo de “impunidad de los perpetradores” que, según insiste Zuleta, es un aliciente para que sigan los asesinatos, porque las empresas y el circuito de negocios que se benefician de los ataques a los defensores y defensores del ambiente y la tierra sólo ven incrementar su beneficio”. Los ataques no son homogéneos en todo el territorio. Cauca y Chocó están al frente de los territorios más peligrosos para las y los defensores, “hay una fuerte presión sobre el Pacífico”, y Antioquia, Norte de Santander y Nariño, les siguen, “como corredores con el centro del país”.
Zuleta recuerda que desde el Movimiento se ha liderado “una incidencia muy fuerte para que el Estado entienda que se requiere una atención específica en materia de prevención con Comités de Gestión de Riesgos específicos para los protectores ambientales en el país, como los hay para otros grupos”. Global Whitness apunta a que “los gobiernos pueden cambiar el rumbo de la crisis climática y preservar los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil y aprobando leyes para que las corporaciones rindan cuentas de sus acciones y ganancias” y a que “los Estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar la legislación utilizada para criminalizarlas; exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales; e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las personas defensoras”.
Y concluye: “Las personas defensoras son nuestra última línea de defensa contra el colapso climático. Podemos celebrar el hecho de que, incluso después de décadas de violencia, la gente siga defendiendo su tierra, nuestro planeta. En cada historia de desafío contra el robo y el acaparamiento de tierras por parte de las empresas, la contaminación mortal y el desastre ambiental, hay esperanza de que podemos cambiar el rumbo de esta crisis y aprender a vivir en armonía con el mundo natural. Hasta que eso suceda, la violencia continuará”.
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