Robert Daza aún recuerda la movilización campesina multitudinaria que, en 2012, después de choques con la policía y múltiples muestras de respaldo popular, logró expulsar a los mineros ilegales, pero también a una compañía multinacional asentada en su territorio.
Comenzando la década del 2000 e Ingeominas, que entonces era la entidad encargada del ordenamiento minero en el país, otorgó 36 permisos de exploración minera en el marco de varios títulos en propiedad de empresas multinacionales en el norte de Nariño.
La zona afectada incluye a 14 municipios de tierras “cálidas y frías”, como el mismo Daza explica, donde la única vocación de sus habitantes ha sido la agricultura: el café, el maíz, la achira, los cultivos de fruta. “La principal amenaza para nosotros son los megaproyectos mineros”, explica Daza, “pues dependemos del agua para la agricultura, que es la que nos ha garantizado el sustento tradicionalmente, acá nunca ha habido una vocación minera”.
En 2010, Anglo Gold Ashanti intentó instalarse en el territorio. Es una de las productoras de oro más grandes del mundo, famosa por sus escándalos en otras partes del país y por denuncias de financiación a grupos armados ilegales en países africanos. No obstante, la lucha organizada en torno a un proceso colectivo llamado “Junta de Gobierno del territorio Agroambiental” convocó a decenas de organizaciones y a miles de pobladores que rechazaron el proyecto.
Hasta los curas de los pueblos apoyaban, conscientes de que la minería sólo iba a traer desorden, prostitución y cantinas. Los alcaldes de los municipios también se opusieron, algunos por convicción, otros por la presión comunitaria. Aquello derivó en que los plazos y permisos de explotación de Anglo Gold hoy están vencidos, lo que en teoría frena sus posibilidades en el territorio, sin duda una victoria de la resistencia campesina.
“La gente ya tiene una experiencia de resistencia, la gente ya conoce los peligros de la gran minería para el territorio, por eso la decisión es que nuestra vocación es la agricultura y no toleraremos la minería”, agrega Robert Daza, miembro de la Junta. También insiste en otra de sus luchas es lograr que los “acueductos sean comunitarios: no vamos a permitir que sean las empresas privadas las que administren el agua, ese es un mandato que tenemos en el norte de Nariño y sur del Cauca”.
